Manifiesto de la Arquitectura Española en contra de la Ley de Servicios Profesionales

En contra de la Ley de Servicios Profesionales: 

La Arquitectura satisface, entre otras, aquellas necesidades de las personas que exigen un medio físico adecuado para el desarrollo de sus actividades, garantizando su habitabilidad y seguridad.

La U.N.E.S.C.O. y la Comunidad Europea, a través de diferentes Directivas, han proclamado reiteradamente el interés público y cultural de la Arquitectura, al mismo tiempo que han precisado con detalle los conocimientos que deben cualificar al profesional universalmente denominado ARQUITECTO.

El modelo de ejercicio profesional de la Arquitectura en España ha integrado las competencias formativas técnicas, artísticas y humanísticas necesarias para el desarrollo de proyectos y obras que permiten conformar espacios confortables, sólidos y seguros, y que comporten valores estéticos, medioambientales y urbanos; por lo que ha merecido el reconocimiento internacional, y constituye una referencia universal de calidad y prestigio.

La Ley de Ordenación de la Edificación, de 1999, concretó el marco normativo que regula el ejercicio de la Arquitectura,- avalado por la sociedad española a lo largo del último siglo, y conciliado en las últimas décadas por todos los agentes intervinientes en el sector de la edificación-, en total correspondencia con el sistema estatal de títulos universitarios.

El cambio de este marco regulador mediante la ampliación de las denominadas reservas de actividad, que se propone en el borrador conocido del Anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales, puede ser contrario a lo ordenado por el Parlamento Europeo y una dejación por parte del Estado en su obligación de garantizar determinados derechos de lso ciudadanos, si que exista para ello demanda social alguna.

Por todo lo expuesto, y ante el riesgo de la quiebra del modelo español de excelencia en la ARQUITECTURA.

MANIFESTAMOS nuestra oposición a cualquier iniciativa desreguladora que pueda suponer una merma de los derechos de los ciudadanos a una ARQUITECTURA ejercida en términos de calidad, responsabilidad y utilidad social.

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